Cada vez con mayor frecuencia y a lo largo de todo Chile
estallan conflictos socioambientales, asociados a proyectos de inversión,
“accidentes” ambientales, “sorpresas” asociadas a cambio climático, entre
muchos otros factores. El más reciente de estos eventos está anclado a Chiloé,
y toca desde pescadores artesanales, la industria salmonera, agencias
estatales, cambio global, científicos y más.
Es importante reconocer que estos conflictos tienen más de
una causa, que los factores que los explican operan de manera simultánea, que carecemos
de información y capacidad suficiente para resolverlos de manera inmediata y
definitiva. Así como que hay oportunidades estratégicas que esperan la
respuesta de nuestros líderes.
Uno de los factores más relevantes en afectar el bienestar
(o malestar) de la población, incluyendo a comunidades, industrias y más, es la
biodiversidad. Tal como hoy reconocemos la importancia y magnitud del cambio
climático, el mundo reconoce que la naturaleza es una pieza fundamental para
proveer bienestar a la población humana. Incluyendo desde la salud de las
personas, hasta la sustentabildad de industrias, pues todos los bienes (agua,
aire, alimentos, fármacos, etc.) y servicios (ciclaje de nutrientes, captación
de carbono, purificación agua, formación de suelo, etc.) básicos para la vida
son provistos directa o indirectamente por la naturaleza.
Debido al efecto ubicuo y persistente de los humanos, esta
naturaleza se encuentra hoy amenazada, y degradada como nunca antes lo estuvo
en la historia de nuestro planeta. Ello se debe entre otras cosas a la destrucción
de hábitat, contaminación, invasión de especies, cambio climático, entre otros.
Lamentablemente el valor de la biodiversidad se constata cuando se ha perdido,
y en ese momento es muy difícil recuperarla. Los efectos de esta degradación
son sufridos desde comunidades locales que ven eliminadas sus fuentes de agua,
pescadores que ven contaminadas sus áreas de pesca, industrias como el turismo
que ven carbonizadas sus activos naturales, la salmonicultura que recibe el
embiste de la marea roja u otras enfermedades, o la ganadería que ve disminuida
la producción debido a degradación de pastizales. Incluso enfermedades emergentes como la gripe
aviar o el ébola, tienen su origen en la degradación de la naturaleza.
Es por esta razón el mundo inicia a partir del acuerdo de
Río en 1992, momento en que nace el Convenio por la Diversidad Biológica, el
primer acuerdo global para lograr el reconocimiento, protección y recuperación
de la diversidad biológica, incluyendo sus aspectos genéticos, de especies y
ecosistemas. Chile, junto a casi todas las naciones del planeta es parte de
este Convenio. Y desde su firma ha dado pasos firmes hacia la implementación de
este Convenio, incluyendo la creación del Ministerio de Medio Ambiente, algunas
de sus agencias (por ejemplo Servicio Evaluación Ambiental, Superintendencia
Ambiental, Tribunales Ambientales) y Leyes/reglamentos asociados (Ley de Bases
de Medio Ambiente, reglamento SEIA, Estrategia de Biodiversidad, entre otros).
Organismos muy bien conocidos por Chile como la OCDE o el
Banco Mundial reconocen asimismo el valor crítico de la biodiversidad para el
bienestar social, y especialmente el bienestar y sustentabilidad de los
negocios. Compañías de clase mundial, incluyendo extractivas, de servicios,
agencias financieras, entre muchas otras han incorporado en sus estrategias de
desarrollo la variable de biodiversidad, lo que representa un paso clave hacia
la sustentabilidad. Incluso en Chile, compañías (fundamentalmente mineras) y
sectores productivos completos (minería
y energía), han desarrollado políticas explícitas comprometidas con la
pérdida neta cero de biodiversidad, comprometiendo (al menos en el papel), el
interés de detener la degradación de la naturaleza producto de su producción.
Esto es especialmente relevante en Chile, cuya economía depende directamente de
sus recursos naturales.
Todos estos son avances significativos que apuntan en la
dirección correcta: la de proteger, recuperar y promover el patrimonio natural
de Chile, y de paso darle sustentabilidad y bienestar a comunidades,
emprendimientos e industria nacional.
Sin embargo hay una pieza clave aún faltante: la de crear un
Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que tenga como único
mandato la de velar por el la conservación de biodiversidad, y de promover el diseño
e implementación de políticas/herramientas con este fin, incluyendo desde áreas
protegidas, compensaciones en biodiversidad, restauración de ecosistemas
degradados, entre otras.
Es tal la relevancia de este Servicio, que el envío de una
Ley para su creación constituyó uno de dos los compromisos ambientales del
actual Gobierno. Este proyecto yace en el congreso sin urgencia y si bien no es
perfecto, es absolutamente necesario puesto que organiza las facultades
ambientales que están repartidas en decenas de agencias y servicios de estado,
cada cual con misiones diversas e incluso contrapuestas, e integra por primera
vez las esferas público-privada y marino-costera en la ecuación de la
conservación y el desarrollo sustentable.
La aprobación de este Proyecto de Ley constituye la última
hebra de la reforma ambiental iniciada en 2006. Es la pieza faltante que
permitirá a Chile hacerse cargo de sus ecosistemas, y abordar de manera
efectiva los problemas socioambientales que estallan día a día a lo largo de
nuestro país. Es el elefante blanco en el medio de Chiloé, en los Salares de
Atacama, en el medio del smog santiaguino, o de las playas de Puchuncaví, que
todos miran, pero que nadie quiere ver.
Celebramos hoy el día mundial de la Biodiversidad. Lamentamos
(sin sorpresa por cierto), la mención nula a la Ley de Biodiversidad y Áreas
Protegidas entregada ayer por la actual Presidenta. A pesar del enorme elefante
blanco que está instalado en nuestro Congreso desde hace rato.